Los políticos se han convertido en el tercer problema para la ciudadanía, detrás del paro y la crisis económica y, eso es fruto de que, actualmente, la distancia entre ciudadano y clase política, todo lo que representa, gobiernos, administraciones, órganos públicos, es cada vez mayor. Contra esta realidad, en Extremadura, en el Parlamento Extremeño, se está trabajando en la Ley de Gobierno Abierto.
La sociedad actual es cada vez más exigente, reclama más de sus políticos y de la administración, quiere saber, quiere entender y, sobre todo, quiere participar más allá de una vez cada cuatro años, cuando eligen a sus representantes. Estamos hablando de ciudadanos cada vez mejor informados y con acceso a nuevas tecnologías que, entienden deben ser una opción para exigir más y, que se les pueda atender.
Los Grupos Políticos con representación en la Cámara Extremeña, al igual que el Gobierno Regional, han tomado conciencia de que la brecha existente entre los ciudadanos y la clase política debe, sino cerrarse, al menos, lograr que no vaya a más, sino que se acorte, entendiendo también que el esfuerzo deberá ser recíproco, una vez se establezcan mecanismos, la ciudadanía también deberá responder.
Bajo esta premisa, PP, PSOE, IU y Gobierno de Extremadura llevan meses trabajando "juntos", a través de una Comisión de Estudio no Permanente, en una Ley, previsiblemente bajo la denominación de "Gobierno Abierto" que, en unos días, registrarán de forma conjunta -por primera vez- en el Parlamento de Extremadura, para su debate y aprobación, podría materializarse este mismo año pues, los procesos y el debate serán más ágiles.
Los Grupos Políticos con representación en la Cámara Extremeña, al igual que el Gobierno Regional, han tomado conciencia de que la brecha existente entre los ciudadanos y la clase política debe, sino cerrarse, al menos, lograr que no vaya a más, sino que se acorte, entendiendo también que el esfuerzo deberá ser recíproco, una vez se establezcan mecanismos, la ciudadanía también deberá responder.
Bajo esta premisa, PP, PSOE, IU y Gobierno de Extremadura llevan meses trabajando "juntos", a través de una Comisión de Estudio no Permanente, en una Ley, previsiblemente bajo la denominación de "Gobierno Abierto" que, en unos días, registrarán de forma conjunta -por primera vez- en el Parlamento de Extremadura, para su debate y aprobación, podría materializarse este mismo año pues, los procesos y el debate serán más ágiles.
Hay que destacar que esta normativa, que ha conseguido poner de acuerdo a todos y que, seguramente, se convertirá en referencia nacional pues, actualmente, sólo hay una de este tipo, en Navarra, se fundamenta sobre tres pilares: Transparencia, Participación y Colaboración; estableciendo una nueva forma de relación entre la Administración Pública y la ciudadanía.
Sobre el primer punto, la Ley garantiza la plena transparencia de la toma de decisiones y de la propia actividad de la Administración regional y de los organismos y entidades que la integran; así como, el derecho de los extremeños y extremeñas a acceder a la información que obre en poder de organismos públicos, veraz y objetiva.
Además, se establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que les afecte o que incidan en el interés público, manteniéndose a tal efecto un diálogo abierto y regular.
Y, para que, realmente, sea efectivo, la Ley también regula, como complemento necesario para el establecimiento del “Gobierno Abierto”, mecanismos para que la Administración Pública se dote de estructuras y de procedimientos simplificados e innovadores, mediante mecanismos tecnológicos, que la hagan más cercana y accesible a la ciudadanía con la que ha de colaborar.
Trabajo en la Comisión de Estudio
Cabe destacar que, la necesidad de apostar por una Ley de Gobierno Abierto ha sido compartida por todos, desde el principio y, de ahí, la propuesta de
crear y poner en marcha, como se hizo en abril de este año, de una Comisión de Estudio no permanente en el Parlamento de Extremadura, donde se ha debatido, discutido y aportado, a partir de un borrador inicial, no sólo por representantes políticos, sino también por expertos en la materia, quienes han subrayado la importancia de que un Parlamento tome conciencia de la necesidad de contar con una normativa de este tipo, han realizado aportaciones que, en su mayoría, también ser verán recogidas en el Proyecto de Ley extremeño.
En esta Comisión, han estado representados los Grupos Parlamentarios, con dos diputados del PP-EU,Gema Cortés y Francisco Ramírez; dos del PSOE-Regionalistas, César Ramós y Ana Belén Fernández, uno de IU-Verdes-SIEX, Victor Casco; también, la Mesa de la Asamblea, con su Vicepresidenta Primera, Consuelo Rodríguez Píriz; y, el Gobierno de Extremadura, con el Consejero de Administración Local, Pedro Tomás Nevado-Batalla. Además, se ha contado con la participación de expertos tan reconocidos como César Calderón, Guzman Garmendia Pérez o, Antoni Gutiérrez-Rubi, personas que llevan años defendiendo la necesidad de comunicar por parte de las administraciones y de participar por parte de los ciudadanos.
Además, se establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma de decisiones sobre aquellos asuntos que les afecte o que incidan en el interés público, manteniéndose a tal efecto un diálogo abierto y regular.
Y, para que, realmente, sea efectivo, la Ley también regula, como complemento necesario para el establecimiento del “Gobierno Abierto”, mecanismos para que la Administración Pública se dote de estructuras y de procedimientos simplificados e innovadores, mediante mecanismos tecnológicos, que la hagan más cercana y accesible a la ciudadanía con la que ha de colaborar.
Trabajo en la Comisión de Estudio
Cabe destacar que, la necesidad de apostar por una Ley de Gobierno Abierto ha sido compartida por todos, desde el principio y, de ahí, la propuesta de
crear y poner en marcha, como se hizo en abril de este año, de una Comisión de Estudio no permanente en el Parlamento de Extremadura, donde se ha debatido, discutido y aportado, a partir de un borrador inicial, no sólo por representantes políticos, sino también por expertos en la materia, quienes han subrayado la importancia de que un Parlamento tome conciencia de la necesidad de contar con una normativa de este tipo, han realizado aportaciones que, en su mayoría, también ser verán recogidas en el Proyecto de Ley extremeño.En esta Comisión, han estado representados los Grupos Parlamentarios, con dos diputados del PP-EU,Gema Cortés y Francisco Ramírez; dos del PSOE-Regionalistas, César Ramós y Ana Belén Fernández, uno de IU-Verdes-SIEX, Victor Casco; también, la Mesa de la Asamblea, con su Vicepresidenta Primera, Consuelo Rodríguez Píriz; y, el Gobierno de Extremadura, con el Consejero de Administración Local, Pedro Tomás Nevado-Batalla. Además, se ha contado con la participación de expertos tan reconocidos como César Calderón, Guzman Garmendia Pérez o, Antoni Gutiérrez-Rubi, personas que llevan años defendiendo la necesidad de comunicar por parte de las administraciones y de participar por parte de los ciudadanos.
Además, esta Comisión Parlamentaria se ha desarrollado con una particularidad, todas las sesiones han sido retransmitidas en directo por Internet, a través de la web del Parlamento de Extremadura, con un objetivo claro, apostar por la participación desde el germen de esta normativa y, de hecho, ha tenido un importante número de seguidores, sobre todo, a través de las redes sociales que, casi de forma instantánea realizaba aportaciones o sugerencias, dando una especial "viveza" al trabajo.
Todos los participantes reconocen y destacan la fluidez, coincidencia y, puesta en común como notas dominantes en cada una de las reuniones de la Comisión aunque, tanto César Ramós, como Víctor Casco, reconocen que uno de los puntos de mayor discusión fue la figura del "Consejo de Ciudadanos y Ciudadanas", será un órgano de reunión de aquellos que quieran participar de forma activa en la toma de decisiones o, para plantear propuestas y aunque, el PSOE, en principio, planteó que tuviera 66 miembros representativos de la sociedad extremeña, al final, se ha decidido que esté abierto a todo aquel que quiera implicarse.
En este punto, el Diputado de IU también llama la atención sobre el hecho de que, a partir de ahora,bastará con recoger 2.000 firmas, para que un ciudadano pueda plantear una propuesta ante el Parlamento y el Gobierno Extremeño, que deberá estudiarla y, a la que se tendrá que dar una respuesta en un plazo fijado.
Asimismo, el consejero de Administración Pública menciona como cuestión de mayor análisis la propuesta del PSOE de celebrar debates públicos, con presencia de ciudadanos, únicamente en periodo electoral y con los candidatos y, tras discutirse, se decidió que éstos pudieran realizarse a lo largo de toda la legislatura pues, se entiende que hay que dar cuenta a los ciudadanos en todo momento y, no sólo cuando hay unas elecciones a la vista.
En este punto, el Diputado de IU también llama la atención sobre el hecho de que, a partir de ahora,bastará con recoger 2.000 firmas, para que un ciudadano pueda plantear una propuesta ante el Parlamento y el Gobierno Extremeño, que deberá estudiarla y, a la que se tendrá que dar una respuesta en un plazo fijado.
Asimismo, el consejero de Administración Pública menciona como cuestión de mayor análisis la propuesta del PSOE de celebrar debates públicos, con presencia de ciudadanos, únicamente en periodo electoral y con los candidatos y, tras discutirse, se decidió que éstos pudieran realizarse a lo largo de toda la legislatura pues, se entiende que hay que dar cuenta a los ciudadanos en todo momento y, no sólo cuando hay unas elecciones a la vista.
Para Casco, esta nueva Ley va a facilitar el acceso a la información pública de todos los ciudadanos, cualquier cosa que se quiera conocer se va a poder saber, desde el sueldo de un alto cargo, hasta cómo va un proceso de adjudicación, la cuantía de un concurso, la ejecución de los Presupuestos... y, no sólo en lo relativo a la administración regional, sino aplicable a cualquier organismo o entidad pública, "la información es pública y como tal debe estar a disposición de todos" y, de una forma, directa, clara y sencilla.
A este respecto, el consejero, Pedro Tomás Nevado-Batalla, ha querido puntualizar que siempre ha habido canales de comunicación desde la administración al ciudadano, "han existido y existen", la información siempre ha estado al servicio de todos, reconociendo que, seguramente, a través de los mecanismos que recogerá la nueva Ley, serán más directos y accesibles a nivel operativo.
Junto con ello, todos llaman la atención sobre el hecho de que esta esta Ley representa una "herramienta" al servicio de los ciudadanos, se da cobertura a unos derechos pero, también implica unas obligaciones, es decir, un compromiso por parte de la ciudadanía de hacer efectivo el canal de comunicación existente y, comprender que ya no se podrá decir que "no nos escuchan, no nos dejan, no nos pregunta...", porque habrá una vía para poder plasmar propuestas, ideas y sugerencias, al igual que críticas y reclamaciones.
De esta forma, César Ramós subraya que la normativa lleva aparejada el establecimiento de Reglamentos que la desarrollen y, es ahí dónde también radicará parte de su aplicación, entendiendo que también se deberá recoger la posibilidad sancionadora, en el caso de que algunas de las partes, bien las administraciones, bien los ciudadanos, no cumplan con sus responsabilidades pues, se trata de regular derechos pero, también obligaciones.
Así, Nevado-Batalla destaca la necesidad del ciudadano activo, es decir, aquel que, al igual que demanda participar más allá de una vez cada cuatro años, utilice y sea partícipe de este nuevo mecanismo de interactuación con la administración, considerando que deberá apostarse por dar a conocer los contenidos de esta Ley y, especialmente, incidir en el ámbito escolar, donde se forman los ciudadanos del mañana.
En este punto, uno de los expertos que participaron en la Comisión, César Calderón Avellaneda, advirtió de que "no pensemos que una vez que tengamos esta Ley y una Plataforma de Participación, los ciudadanos van a participar en masa", puntualizando que "esto va ir por fases, para que sea una participación real, entender que los primeros que nos encontraremos serán los que digan lo que no les gusta; luego, los que preguntarán qué hay de lo mio; y, en tercer lugar, si tenemos suerte, vendrán los ciudadanos"; apostando entonces por la "escucha activa" pus, "los gobiernos deben conocer lo que opina los ciudadanos de lo que están haciendo y, existen herramientas tecnológicas que permite hacerlo en tiempo real... la empresa privada lo está haciendo".
César Calderón Avellaneda también ha destacado que "una cosa es el manifiesto político y otra son el Reglamento, textos de obligado cumplimiento", matizando que "la arquitectura jurídica de una Ley de este calado debe ocupar buena parte de la estrategia de un Gobierno" porque, "los Reglamentos que la va a complementar y, ahí es donde se va a jugar la Ley... por mucho que tengamos una Ley estupenda, excelente y, que podamos colgar en el constitucionalismo extremeño, si después no conseguimos que penetre en la Administración Pública de poco servirá".
Por otra parte, ha llamado la atención sobre la posibilidad de generar riqueza y puestos de trabajo en Extremadura, a partir de esta normativa, considerando que no va a ser automático pero, "hay un importante pilar de empresas infomediarias, porque no planteamos que las tenga Extremadura y, genere empleos y riqueza... que se fomente la creación de este tipo de empresas para recabar datos y, sobre todo, hacerlos accesibles y, directos".
Para Guzman Garmendia Pérez, experto y responsable de la Ley de Gobierno Abierto de Navarra, la única existente en España, tras confiar en que "sea ampliamente superada por la de Extremadura", la normativa debe "involucrar en su totalidad a la TICs,... cada vez los ciudadanos están más avanzados y las administraciones menos, con lo cual la comunicación es menor y, la distancia es mayor... los ciudadanos construyen sociedad y, los políticos nada, tecnológicamente no manejamos las mismas tecnologías... eso es lo que tenemos que solucionar y, es la base más importante para la construcción de Gobierno Abierto".
Asimismo, reconoce que "Gobierno Abierto es una lata que debe abrirse, los Gobiernos están absolutamente cerrados, son oscuros... en todo el mundo, ... hay una labor dura que va a costar... para lograr esa urna transparente en la que los ciudadanos se vean reflejados y, vean que su trabajo está siendo participativo.."; recalcando que debe apostarse por "la transparencia, participación y colaboración pero, con un tinte tecnológico... los datos abiertos, los estándares abiertos y la arquitectura abierta... todo lo que construye un gobierno pertenece a la sociedad y los ciudadanos lo tienen que saber y, todo debe volverse a ellos..."
Entrando en detalles, Garmendia matiza que "una Ley, verdaderamente pionera, buena y vanguardista, debe tener parte de sus artículos dedicados a datos abiertos, toda la información que tiene un Gobierno... no sólo informática, sino también en formato de fotografías, papel... un montón de datos... se han construido siempre con el dinero de los ciudadanos y, por tanto, debe volver a los ciudadanos y, de forma gratuita, devolverla para que los ciudadanos creen riqueza, tanto cultural como económica".
Junto con ello, todos llaman la atención sobre el hecho de que esta esta Ley representa una "herramienta" al servicio de los ciudadanos, se da cobertura a unos derechos pero, también implica unas obligaciones, es decir, un compromiso por parte de la ciudadanía de hacer efectivo el canal de comunicación existente y, comprender que ya no se podrá decir que "no nos escuchan, no nos dejan, no nos pregunta...", porque habrá una vía para poder plasmar propuestas, ideas y sugerencias, al igual que críticas y reclamaciones.
De esta forma, César Ramós subraya que la normativa lleva aparejada el establecimiento de Reglamentos que la desarrollen y, es ahí dónde también radicará parte de su aplicación, entendiendo que también se deberá recoger la posibilidad sancionadora, en el caso de que algunas de las partes, bien las administraciones, bien los ciudadanos, no cumplan con sus responsabilidades pues, se trata de regular derechos pero, también obligaciones.
Así, Nevado-Batalla destaca la necesidad del ciudadano activo, es decir, aquel que, al igual que demanda participar más allá de una vez cada cuatro años, utilice y sea partícipe de este nuevo mecanismo de interactuación con la administración, considerando que deberá apostarse por dar a conocer los contenidos de esta Ley y, especialmente, incidir en el ámbito escolar, donde se forman los ciudadanos del mañana.
En este punto, uno de los expertos que participaron en la Comisión, César Calderón Avellaneda, advirtió de que "no pensemos que una vez que tengamos esta Ley y una Plataforma de Participación, los ciudadanos van a participar en masa", puntualizando que "esto va ir por fases, para que sea una participación real, entender que los primeros que nos encontraremos serán los que digan lo que no les gusta; luego, los que preguntarán qué hay de lo mio; y, en tercer lugar, si tenemos suerte, vendrán los ciudadanos"; apostando entonces por la "escucha activa" pus, "los gobiernos deben conocer lo que opina los ciudadanos de lo que están haciendo y, existen herramientas tecnológicas que permite hacerlo en tiempo real... la empresa privada lo está haciendo".César Calderón Avellaneda también ha destacado que "una cosa es el manifiesto político y otra son el Reglamento, textos de obligado cumplimiento", matizando que "la arquitectura jurídica de una Ley de este calado debe ocupar buena parte de la estrategia de un Gobierno" porque, "los Reglamentos que la va a complementar y, ahí es donde se va a jugar la Ley... por mucho que tengamos una Ley estupenda, excelente y, que podamos colgar en el constitucionalismo extremeño, si después no conseguimos que penetre en la Administración Pública de poco servirá".
Por otra parte, ha llamado la atención sobre la posibilidad de generar riqueza y puestos de trabajo en Extremadura, a partir de esta normativa, considerando que no va a ser automático pero, "hay un importante pilar de empresas infomediarias, porque no planteamos que las tenga Extremadura y, genere empleos y riqueza... que se fomente la creación de este tipo de empresas para recabar datos y, sobre todo, hacerlos accesibles y, directos".
Para Guzman Garmendia Pérez, experto y responsable de la Ley de Gobierno Abierto de Navarra, la única existente en España, tras confiar en que "sea ampliamente superada por la de Extremadura", la normativa debe "involucrar en su totalidad a la TICs,... cada vez los ciudadanos están más avanzados y las administraciones menos, con lo cual la comunicación es menor y, la distancia es mayor... los ciudadanos construyen sociedad y, los políticos nada, tecnológicamente no manejamos las mismas tecnologías... eso es lo que tenemos que solucionar y, es la base más importante para la construcción de Gobierno Abierto".
Asimismo, reconoce que "Gobierno Abierto es una lata que debe abrirse, los Gobiernos están absolutamente cerrados, son oscuros... en todo el mundo, ... hay una labor dura que va a costar... para lograr esa urna transparente en la que los ciudadanos se vean reflejados y, vean que su trabajo está siendo participativo.."; recalcando que debe apostarse por "la transparencia, participación y colaboración pero, con un tinte tecnológico... los datos abiertos, los estándares abiertos y la arquitectura abierta... todo lo que construye un gobierno pertenece a la sociedad y los ciudadanos lo tienen que saber y, todo debe volverse a ellos..."
Entrando en detalles, Garmendia matiza que "una Ley, verdaderamente pionera, buena y vanguardista, debe tener parte de sus artículos dedicados a datos abiertos, toda la información que tiene un Gobierno... no sólo informática, sino también en formato de fotografías, papel... un montón de datos... se han construido siempre con el dinero de los ciudadanos y, por tanto, debe volver a los ciudadanos y, de forma gratuita, devolverla para que los ciudadanos creen riqueza, tanto cultural como económica".
Tras todo el debate, la discusión, los acuerdos... ahora toca esperar, confiar en que el trabajo normativo desarrollado dé sus frutos, que desde la Administración, se entienda que todo está al servicio de todos y, se debe rendir cuenta por ello y, desde la ciudadanía, se comprenda que hay nuevas vías de comunicación, de acceso a la información, de participación... válidas para criticar y exigir pero, también para proponer y aportar.
Tomado de www.extremaduradehoy.com
Tomado de www.extremaduradehoy.com
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